EL REGISTRO MERCANTIL.
1. Introducción
Son multitud los actos y las circunstancias que afectan al empresario, referidos a
su propio ámbito interno de organización o a sus relaciones con proveedores o
consumidores de bienes y/o servicios, que pueden tener trascendencia jurídica y
cuyo conocimiento puede interesar a terceros. En este sentido, una elemental
exigencia de seguridad jurídica obliga a establecer algún sistema que facilite a
los terceros el conocimiento de esos actos y/o circunstancias, evitando la
engorrosa tarea de averiguar por medios sumamente complicados e
individuales esta ingente actividad. Es en este contexto en el que surge la idea
de un registro público, de acceso por tanto para cualquier ciudadano, que sirva
de medio de publicidad de aquellos actos y/o circunstancias que, afectando a un
empresario, puedan tener relevancia para los terceros. Es lo que se conoce como
el Registro Mercantil y que halla su regulación en nuestro país en los artículos
16 a 24 del Código de Comercio y en el Reglamento del propio Registro
Mercantil, aprobado por el Real Decreto nº1784/1996, de 19 de julio.
De tal forma, si necesitamos contratar con un empresario y queremos saber si la
persona que dice actuar en su nombre es realmente quien puede hacerlo, no
hará falta que nos embarquemos en complicadas averiguaciones acerca de su
legitimación, sino que una simple consulta a ese registro público nos permitirá
conocer ese dato. Del mismo modo, si necesitamos conocer la situación
económica de una determinada empresa, respecto de la que debemos tomar
alguna decisión (invertir en ella, reclamarle algo judicialmente, etcétera),
tendremos la oportunidad de acceder a sus cuentas anuales por medio de su
necesario depósito en ese registro público.
Por consiguiente, resulta evidente que la existencia del Registro Mercantil, con
independencia de las funciones legales que viene a cumplir, y que serán
estudiadas a continuación, cumple con un objetivo esencial: el de dotar de
sencillez al procedimiento de obtención de información relevante acerca de los
empresarios, así como el de ofrecer seguridad jurídica a los intervinientes en el
tráfico, puesto que, como veremos, el contenido del Registro se presume exacto
y válido.
2. Funciones del Registro Mercantil
La función principal del Registro Mercantil es la de constituir un instrumento
de publicidad legal, que permite conocer a los terceros determinadas
situaciones y actos que afectan a los empresarios en él inscritos. Pero lo
verdaderamente importante y lo que convierte al Registro en un instrumento de
indudable trascendencia en el tráfico mercantil, es que su contenido se presume
conocido por los terceros, por lo que si esa determinada situación se halla
inscrita en el Registro, aunque sea desconocida realmente por el tercero, éste no
podrá alegar desconocimiento respecto de la misma. En otras palabras, lo que se
pretende expresar es que la mera posibilidad de conocer equivale directamente
al conocimiento.
Pero también a la inversa, es decir, si el acto o la situación es inscribible y no ha
accedido al Registro, el tercero siempre que sea de buena fe puede ampararse
en su desconocimiento, puesto que no se ha producido el efecto de publicidad
legal propio del instituto registral. Para conseguir este último efecto es
fundamental tener en cuenta que el ordenamiento jurídico impone al
empresario la obligación de publicitar determinadas situaciones, cuya
ignorancia podrá ser alegada si no han sido inscritas debidamente. Nos
encontramos, por tanto, ante una institución de la que se desprenden
importantes beneficios para el empresario, conectados al efecto de publicidad
legal que hemos visto, pero también sustanciales deberes, ya que existen actos
y/o situaciones de obligatoria inscripción en el Registro Mercantil.
Junto a esa función básica, el Registro Mercantil desempeña en la actualidad
otro tipo de tareas, entre las que destacan las siguientes:
Legalización de los libros de los empresarios (artículo 16.2 del Código de
comercio), entre los que destacan los libros contables, de actas, etcétera.
A tal efecto, cada Registro Mercantil llevará un Libro de legalizaciones
(artículo 27.4 del Código de comercio).
Nombramiento de expertos independientes en todos aquellos supuestos
en los que la Ley exija su participación, como es el caso de los referidos a
la valoración de aportaciones no dinerarias en las sociedades anónimas,
o de fusión o escisión de sociedades cuando alguna de las sociedades que
intervenga revista la forma de sociedad anónima.
Nombramiento de auditor de cuentas en aquellos casos expresamente
previstos por la Ley: designación de auditor a petición de los accionistas
minoritarios en sociedades no obligadas a auditar sus cuentas; en casos
de ejercicio del derecho de separación o exclusión del socio; etcétera.
Depósito y publicidad de las cuentas anuales de los empresarios.
3. Organización del Registro Mercantil
La tarea asignada al Registro Mercantil se desarrolla por medio de oficinas
públicas a cuyo frente se hallan uno o varios Registradores de la Propiedad y
Mercantiles, que acceden a dicha función por medio de oposición y que
dependen orgánicamente de la Dirección General de los Registros y del
Notariado (DGRN), adscrita al Ministerio de Justicia.
Desde el punto de vista territorial, podemos hablar de dos ámbitos distintos:
Registros territoriales. Su competencia se extiende al territorio de la
provincia en cuya capital está situado, pudiendo establecerse también en
aquellas localidades donde por necesidades del servicio se requiera su
existencia (artículo 16.3 del Reglamento del Registro Mercantil). Los
sujetos inscribibles deben hacerlo en el Registro del domicilio en el que
tienen radicada su empresa (artículo 17.1), siendo importante destacar
que se sigue un sistema de hoja personal, a diferencia de otros institutos
registrales (como el de la Propiedad) que siguen un sistema de hoja real.
Ello significa que se abrirá una hoja para cada uno de los empresarios
inscritos y, en esa hoja, se irán anotando las distintas situaciones y
vicisitudes por las que atraviese dicho empresario.
Registro Mercantil Central. Creado en 1989, tiene su sede en Madrid y
asume, entre otras, las siguientes funciones:
o Centralización de todos los datos referentes a las inscripciones
realizadas en los distintos Registros territoriales, para lo cual éstos
remiten periódicamente al Registro Central un extracto de las
mismas.
o Publicación del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME),
de periodicidad diaria (salvo sábados y festivos), y al que se
asocia el importante efecto de la publicidad registral, puesto que
no sólo sirve para que los terceros puedan conocer el contenido
del Registro, sino que, además, representa el momento a partir del
cual se entiende producido el efecto de ese conocimiento por los
terceros.
o Llevanza de la sección de denominaciones de sociedades y demás
entidades jurídicas (artículos 395 a 419 del Reglamento), cuya
finalidad es la de impedir que pueda inscribirse en el Registro
Mercantil una sociedad con una denominación idéntica a la de
otro sujeto.
Respecto de esta última función, conviene destacar que, en el momento de
constituir una sociedad, lo primero que se necesita es asignarle una
denominación social que la permita identificarse en el tráfico jurídico y
económico. A los efectos de evitar que distintas sociedades utilicen una misma
denominación social, el ordenamiento jurídico establece un mecanismo que
trata de evitar dichas situaciones. Para ello, los interesados en constituir una
sociedad deben solicitar del Registro Mercantil Central una certificación en la
que éste nos indique si el nombre que deseamos utilizar está siendo ya o no
usado por otro empresario, sin que se precise que la identidad sea total y
absoluta (artículo 408 del Reglamento). Estas solicitudes pueden incluir un
máximo de tres denominaciones que serán analizadas una tras otra por el
Registro. Si alguna de ellas no está siendo utilizada en el tráfico, el Registro
expedirá lo que se conoce como una certificación negativa de denominación
social, que será la que deberá aportarse ante el Notario en el momento de
formalizar la escritura de constitución de la sociedad. Dichas certificaciones
tienen una vigencia de dos meses a contar desde la fecha en que hubieran sido
expedidas (artículo 414.1 del Reglamento).
4. Sujetos y actos inscribibles
Ya hemos indicado que el Registro Mercantil es un registro de personas, lo que
significa que para cada empresario se abriuna hoja personal en la que se irán
inscribiendo todos aquellos actos y/o situaciones que el ordenamiento jurídico
considera oportuno que se inscriban para su conocimiento por terceros, desde
su constitución inicial hasta el momento de su disolución y liquidación con la
consiguiente cancelación de sus asientos registrales (artículo 3 del Reglamento
del Registro Mercantil). De tal forma, la hoja abierta a nombre de cada sociedad
nos permitirá conocer en todo momento una serie de datos de especial
relevancia: importe del capital social, nombre de los administradores sociales,
depósito de sus cuentas anuales, etcétera.
Salvo casos muy concretos, la inscripción es de carácter obligatorio, por lo que
la misma no depende de la voluntad del empresario, quien se verá sometido a
determinadas consecuencias por el hecho de su omisión. El artículo 82 del
Reglamento establece precisamente la obligación a cargo del Notario de
advertir, en su caso, de la necesaria inscripción de los actos que se sometan a su
intervención, fijándose, salvo disposición legal en contrario, un plazo de dos
meses desde el otorgamiento de la escritura notarial para cumplimentar dicho
deber ante el Registro (artículo 83).
En cuanto a los sujetos inscribibles, el artículo 81 de Reglamento del Registro
Mercantil establece la obligatoria inscripción de los siguientes:
El naviero empresario individual.
Las sociedades mercantiles.
Las sociedades de garantía recíproca.
Las cooperativas de crédito, las mutuas y cooperativas de seguros y las
mutualidades de previsión social.
Las sociedades de inversión colectiva.
Las agrupaciones de interés económico.
Las cajas de ahorro.
Los fondos de inversión.
Los fondos de pensiones.
Las sucursales de cualquiera de los sujetos anteriormente indicados.
Las sucursales de sociedades extranjeras y de otras entidades extranjeras
con personalidad jurídica y fin lucrativo.
Las sociedades extranjeras que trasladen su domicilio a territorio
español.
Las demás personas o entidades que establezcan las Leyes.
Obsérvese que de dicho listado queda excluido el empresario individual, cuya
inscripción en el Registro será potestativa, aunque, en aplicación del principio
de tracto sucesivo registral, la falta de inscripción impedirá que pueda
inscribirse cualquier documento o acto relativo a dicho empresario (artículo
19.1 del Código de comercio y 11 del Reglamento del Registro Mercantil). Para
entender mejor dicha regla, pensemos en el caso de un empresario individual
que pretende inscribir en el Registro unas capitulaciones matrimoniales que
regularán la afección de determinados bienes gananciales a las resultas del
comercio. Si previamente no se ha abierto una hoja personal a nombre de dicho
empresario, no podrá admitirse la inscripción de esos pactos económicos entre
los cónyuges.
Respecto de los actos inscribibles, conviene advertir que se sigue un sistema de
tipicidad, esto es, deben acceder al mismo todos aquellos cuya inscripción
venga exigida expresamente la Ley o el Reglamento (artículo 2 del Reglamento),
aunque resulta absolutamente imposible relacionarlos todos ahora. Tan sólo
señalar los más relevantes:
En el caso del empresario individual, las circunstancias relativas a la
capacidad del empresario (por ejemplo, su eventual incapacitación), al
régimen económico del matrimonio, los poderes generales que hubiere
otorgado, la apertura y cierres de sucursales, la declaración de concurso,
etcétera.
En la hoja abierta a nombre de una sociedad mercantil, la constitución de
la misma, con sus correspondientes estatutos; el nombramiento y cese de
administradores; las modificaciones estatutarias; la declaración de
concurso; su disolución y liquidación, etcétera.
5. Procedimiento de inscripción
El proceso de inscripción se inicia con la presentación en el Registro de los
documentos que contienen las circunstancias y/o los actos que pretenden ser
inscritos. Se sigue el principio de titulación pública, que consiste en que la
inscripción debe practicarse en virtud de documento público (artículos 93 y 95
del Reglamento), salvo aquellos casos en los que la Ley o el Reglamento permite
expresamente la utilización de documento privado, de entre los que destacan: la
primera inscripción del empresario individual, la apertura y cierre de
sucursales y el nombramiento y cese de administradores, que se efectúa
mediante la certificación del correspondiente acuerdo social.
Los documentos en particular deben ser presentados, dentro del plazo de un
mes desde su otorgamiento, en el Registro Mercantil de la provincia en donde
tenga establecido su domicilio social el empresario, permitiéndose ya en la
actualidad la presentación por vía telemática y con firma electrónica del Notario
autorizante de los documentos.
Con la presentación de los documentos se extiende lo que se conoce como
asiento de presentación, que tiene una vigencia de dos meses, y cuya fecha es
sumamente importante, puesto que, si finalmente se produce la inscripción,
será la que se tome en consideración como tal (artículo 55.1 del Reglamento).
A partir de ese momento se inicia el proceso de calificación de los documentos
por parte del Registrador. Dicha labor debe realizarse en el plazo máximo de 15
días a contar desde la fecha del asiento de presentación, fijándose una
reducción de aranceles de un 30% si se realiza fuera del mismo (artículo 18.6 del
Código de comercio).
La calificación del Registrador debe extenderse a la legalidad de las formas de
los documentos en cuya virtud se solicita la inscripción, a la comprobación de la
capacidad y legitimación de los sujetos intervinientes y a la validez de su
contenido (artículos 18.2 del Código de comercio y 58.2 del Reglamento).
Si el título no contiene defectos, se practicará inmediatamente la inscripción de
los asientos solicitados (artículo 62.1 del Reglamento) y, si en los documentos
figuran varios hechos o actos inscribibles, independientes los unos de los otros,
los defectos de algunos de ellos no deben impedir la inscripción de los demás.
De tal forma, finalizará el proceso de inscripción respecto de los actos de los que
no se han advertido defectos y se ha emitido calificación positiva.
Si la calificación observa defectos en los títulos, se indicará si son subsanables o
insubsanables. En el primer caso, se suspende el proceso de inscripción y se
abre un plazo para que el interesado subsane dichos defectos. De no hacerlo,
habrá que entender que la calificación es negativa, por lo que se deniega la
inscripción, al igual que ocurre en los casos en que los defectos se estimen
insubsanables.
Contra la decisión del Registrador que deniega la inscripción de un
determinado acto o circunstancia cabe la posibilidad, en el plazo de quince días
desde la notificación, de solicitar que el título sea calificado por otro Registrador
(el que corresponda según el cuadro de sustituciones), o bien recurrir
directamente ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, que
debe resolver y notificar el recurso en el plazo de 3 meses. Si la respuesta al
recurso es negativa, o bien transcurren 3 meses sin pronunciamiento expreso, lo
que equivale a la denegación del mismo por silencio, quedará ya abierta la
posibilidad de recurrir en vía judicial dicha decisión.
Resulta de particular interés advertir en este punto la importancia que han ido
adquiriendo las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, ya que, al pronunciarse con relativa frecuencia sobre determinados
aspectos registrales, han acabado formando un cuerpo doctrinal ciertamente
relevante a la hora de interpretar y aplicar una serie de cuestiones
especialmente conflictivas. De ahí que su manejo y consulta sean
extraordinariamente útiles en la práctica diaria.
6. Los asientos registrales
La información registral accede y consta en el Registro Mercantil a través de
diferentes vehículos formales denominados asientos, que son informaciones
escritas en los libros del Registro debidamente controlados por el Registrador,
cuya declaración de conformidad respecto de ellos autoriza con su firma.
Los asientos registrales pueden ser de las siguientes clases:
Asiento de inscripción.
Asiento de presentación.
Anotación preventiva.
Nota marginal.
Asiento de cancelación.
El de inscripción es el de mayor importancia y se caracteriza por ser un asiento
principal, definitivo y por practicarse en el Libro de inscripciones. Este asiento,
como ya hemos visto, en el momento de producirse, toma como fecha de
referencia la del de presentación, que constituye el momento inicial de todo
proceso de inscripción.
Las anotaciones preventivas son de carácter provisional y podrán convertirse o
no en una inscripción definitiva, siendo su verdadera utilidad la de informar a
los terceros de la existencia de alguna circunstancia que puede acabar
modificando el contenido del Registro. Por ejemplo, si se ha inscrito un acuerdo
social que ha sido impugnado por persona legitimada para ello, ésta podrá
solicitar que se anote preventivamente dicha circunstancia en el Registro,
precisamente para advertir a los terceros de esa eventualidad.
Las notas marginales se practican en el margen izquierdo de la hoja y los
asientos de cancelación son aquellos que dejan sin efecto un asiento principal
anterior.
7. Principios registrales
La importante función que cumple el Registro Mercantil en el tráfico jurídico y
económico obliga a considerar una serie de principios que conforman su
régimen.
7.1. Principio de publicidad material
Dicho principio establece las consecuencias que frente a terceros de buena fe
produce la inscripción y publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil
de un acto sujeto a inscripción, así como las derivadas de su falta de inscripción
y/o publicación.
De tal forma, se habla de publicidad material positiva en el sentido de que se
presume que todo lo inscrito y publicado es conocido por todos, y a todos afecta
en su beneficio o perjuicio, con independencia del efectivo conocimiento que se
tuviera de ese acto o circunstancia (artículo 21 del digo de comercio y
artículo 9 del Reglamento del Registro Mercantil). Ya hemos adelantado en un
momento anterior que la mera posibilidad de conocimiento equivale a
presunción del mismo.
Por el contrario, se habla de publicidad material negativa para indicar que no
producirán efectos frente a terceros de buena fe aquellos actos que, debiendo
ser inscritos en el Registro, no hubieran tenido acceso al mismo. Es fundamental
en este aspecto el concepto de buena fe del tercero, puesto que si se pudiera
probar que, a pesar de la falta de inscripción, el tercero conocía perfectamente
esa circunstancia, no podrá alegarse dicho desconocimiento.
Para comprender mejor la importancia de este efecto de publicidad material
positiva o negativa, pensemos en el supuesto de una sociedad mercantil con
administrador único que ha procedido al cambio de la persona que desempeña
esa función. Como tendremos ocasión de comprobar más adelante, el cambio en
la persona de administrador exige la inscripción del cese del anterior y del
subsiguiente nombramiento del nuevo. Pues bien, imaginemos que la sociedad
en cuestión ha omitido su deber de llevar al Registro tales actos y el anterior
administrador continúa actuando por su cuenta en nombre y representación de
la empresa. Los terceros que con él contraten, siempre que puedan acreditar su
buena fe, esto es, la ignorancia de que sus poderes de gestión y representación
han terminado, podrán considerar que la sociedad ha quedado válida y
eficazmente vinculada por mor de la actuación de su antiguo administrador,
con independencia de que en el ámbito de sus relaciones internas la sociedad
pueda exigir algún genero de responsabilidad a su antiguo gestor. Obsérvese
que lo verdaderamente relevante es que la posición del tercero queda
absolutamente protegida. Naturalmente, dicha presunción de ignorancia del
tercero cede en aquellos casos en que se pueda probar que, a pesar de la falta de
inscripción del cese, ese tercero conocía perfectamente que la persona con la que
contrataba había sido cesada por su empresa.
Sin duda alguna, uno de los aspectos más relevantes que plantea la publicidad
registral es el de la determinación del momento en que se produce. Con
anterioridad a las reformas operadas en 1989 como consecuencia de la
incorporación de nuestro país a la Comunidad Económica Europea, los efectos
de la publicidad se asociaban al momento mismo de la inscripción. Sin
embargo, en la actualidad, dicho efecto se ha desplazado a un momento
posterior: el de la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de los
datos esenciales del asiento practicado (artículo 21.1 del Código de comercio y
artículo 9.1 del Reglamento del Registro Mercantil).
Pero es que, además, la Ley establece que, durante los 15 días siguientes a la
publicación de los datos esenciales del acto inscrito en el BORME, ese acto
inscrito y publicado no será oponible a terceros que prueben que no pudieron
conocerlo (artículo 21.2 del Código de comercio), lo que equivale tanto como
decir que, en realidad, los efectos se producen no en el momento de la efectiva
publicación, sino transcurridos esos 15 días desde la misma.
La atribución de tan importante efecto de publicidad material a lo publicado en
el BORME plantea la interesante cuestión de qué ocurre cuando se producen
discordancias entre el contenido de lo inscrito y de lo publicado. En tales casos,
el tercero tiene derecho de elección, es decir, puede optar entre lo que aparece
inscrito en el Registro y lo que aparece publicado en el BORME. Quien alegue
que el tercero conocía esa discordancia entre inscripción y publicación, deberá
probarlo (artículos 21.3 y 21.4 del Código).
Finalmente, si esa discordancia ha generado algún perjuicio a un tercero de
buena fe, quien la haya ocasionado deberá resarcir al perjudicado (artículo 21.3
del Código).
7.2. Principio de legalidad
En realidad, este principio ha sido ya examinado al analizar el procedimiento
de inscripción de los actos y situaciones que acceden al Registro. En efecto,
hemos dicho en un momento anterior que el Registrador, a la hora de calificar la
solicitud, debe realizar un proceso de verificación de la adecuación a la Ley del
contenido del asiento de presentación.
Lo que interesa ahora poner de manifiesto es que el ordenamiento jurídico,
sabedor del importante efecto que el contenido del Registro va a tener para los
sujetos intervinientes en el tráfico (el efecto de publicidad material en su
vertiente positiva y negativa), desea que no acceda al mismo ningún acto ni
contrato que no respete las prescripciones de la Ley.
En realidad, este control de legalidad, que sirve para proteger el contenido del
Registro, no se ciñe a la actuación del Registrador, ya que, en virtud del
principio de titulación pública, habrá existido un control previo por parte del
Notario acerca de la adecuación a la legalidad de los documentos cuya
inscripción se solicita. Por consiguiente, podemos hablar de un doble control de
legalidad, que pretende conseguir que aquello que gozará del importante efecto
de la publicidad material, habrá superado previamente un análisis riguroso
(notarial y registral) acerca de su acomodo a las prescripciones legales y
reglamentarias.
7.3. Principio de presunción de validez
La existencia de ese doble control de legalidad a cargo del Notario y del
Registrador Mercantil justifica, a su vez, que el contenido del Registro se
presuma exacto y válido, mientras no se inscriba la correspondiente declaración
judicial de inexactitud o nulidad (artículos 20.1 y 2 del Código de comercio).
Ahora bien, la existencia de esa presunción no supone que la inscripción
convalide los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes. Si en esos
actos concurren causas de nulidad, naturalmente que podrán ser alegadas y
acabar produciendo la corrección de los mismos en el Registro, pero esa
declaración posterior de nulidad o de inexactitud no podrá perjudicar los
derechos anteriores adquiridos conforme a lo inscrito por terceros de buena fe
(artículo 20.2 del Código).
En consonancia con lo anteriormente expuesto, puede afirmarse que
normalmente la inscripción en el Registro Mercantil es de carácter declarativo,
es decir, sólo produce efectos publicitarios, sin que intervenga para nada en el
proceso de nacimiento, modificación o extinción de derechos y/o situaciones
derivadas del acto inscrito. Sin embargo, el ordenamiento jurídico prevé
algunas excepciones a esa regla general. Este es el caso, por ejemplo, de la
escritura de constitución de una sociedad mercantil, cuya inscripción en el
Registro Mercantil es de carácter constitutivo, lo que acarrea la importante
consecuencia de que, mientras no se haya producido la misma, no se entenderá
regularmente constituida dicha sociedad ni, en consecuencia, adquirida su
personalidad jurídica.
7.4. Principio de prioridad registral
El principio de la prioridad registral se corresponde con el aforismo procedente
del Derecho romano, prior tempore, potior iure”, lo que equivale a atribuir
preferencia a aquello que ha sido previamente inscrito en el Registro frente a lo
que pretende inscribirse posteriormente. Se trata de una regla aplicable a todos
los institutos registrales y que se ha erigido tradicionalmente en la norma básica
de todo sistema registral.
Conforme a la misma, inscrito o anotado previamente en el Registro Mercantil
cualquier título, no podrá inscribirse o anotarse ningún otro de igual o posterior
fecha que resulte opuesto o incompatible con él. En consecuencia, el documento
que acceda primeramente al Registro es preferente sobre los que accedan con
posterioridad, debiendo el Registrador practicar las operaciones registrales
correspondientes según el orden de presentación (artículo 10 del Reglamento
del Registro Mercantil). Por ello es importante establecer con claridad cuál es la
fecha exacta en la que se considera que un documento ha accedido al Registro,
que recordemos es la del asiento de presentación, y no la del definitivo de
inscripción.
7.5. Principio de tracto sucesivo
El principio de tracto sucesivo constituye una de las reglas básicas de cualquier
instituto registral y parte de la idea de que no es posible inscribir algo respecto
de lo que no existe una causa previa. Sus manifestaciones más importantes en el
Registro Mercantil son las siguientes (artículo 11 del Reglamento del Registro
Mercantil):
Para inscribir actos o contratos relativos a un sujeto será necesaria la
previa inscripción de éste en el Registro. Es decir, si lo que pretendemos
es inscribir alguna circunstancia relacionada con un determinado
empresario individual, como por ejemplo alguna modificación
relacionada con su capacidad legal, será menester previamente que ese
empresario esté inscrito en el Registro, ya que, de lo contrario, se nos
denegará dicha inscripción.
Para inscribir actos o contratos modificativos o extintivos de otros
otorgados con anterioridad, será necesaria la previa inscripción de
aquéllos. Un ejemplo de ello es que para inscribir actos o contratos
otorgados por apoderados o administradores, será necesaria la previa
inscripción de su nombramiento.
7.6. Principio de titulación pública
Dicho principio se deduce del artículo 5 del Reglamento del Registro Mercantil,
que establece la regla general de que la inscripción se practicará en documento
público, salvo aquellos casos expresamente previstos en la Ley o en el
Reglamento que permitan la utilización de documento privado.
8. Mecanismos de acceso al contenido del Registro
El contenido del Registro es público, por lo que cualquier persona puede tener
acceso al mismo para conocer aquellos extremos que puedan serle de interés
(artículo 23.1 del Código de comercio), sin necesidad de tener que justificar
dichos motivos. Para hacer efectiva esta importante función publicitaria del
Registro, es necesario articular toda una serie de mecanismos que posibiliten y
faciliten ese acceso al contenido registral.
En nuestro ordenamiento jurídico existen dos medios para hacer efectiva dicha
publicidad:
Por un lado, las certificaciones, que son el único medio de acreditar
fehacientemente el contenido de los asientos del Registro o de los
documentos archivados o depositados en él (artículo 77.2 del
Reglamento del Registro Mercantil). Deben ser expedidas
necesariamente por el Registrador en el plazo de 5 días desde la fecha en
que se hubiera presentado la solicitud y son especialmente aptas para su
utilización en un procedimiento judicial.
Y, por otro, las notas simples informativas (o copias), que presentan la
ventaja de que deben ser expedidas en un plazo de tres días, pero no
cumplen la función de acreditar el contenido del Registro. Estas notas
son especialmente útiles cuando se pretende conocer algún extremo
concerniente a un empresario, pero sin necesidad de hacer prueba del
mismo. La obtención de las mismas implica naturalmente un coste
inferior al de la obtención de una certificación registral.
Tanto unas como otras pueden solicitarse en la actualidad mediante escrito
presentado ante la oficina del Registro, mediante carta enviada por correo o, lo
que resulta s útil y cómodo todavía, mediante comunicación electrónica. De
hecho, en las páginas web de los diferentes Registros mercantiles podemos
encontrar enlaces que nos permiten solicitar directamente la información
deseada.
Además, debemos recordar que la función publicitaria para los terceros se
cumple también con la publicación por parte del Registro Mercantil Central del
Boletín Oficial del Registro Mercantil. No obstante, debe advertirse que en el
BORME aparece publicado normalmente un extracto del acto o de la situación
inscrita, por lo que para conocer su contenido completo en ocasiones no queda
más remedio que acudir a la certificación registral.
Finalmente, debemos dejar constancia que la información contenida en el
Registro es cada vez mayor, puesto que cada vez son más los empresarios
inscritos, lo que dificulta enormemente hacer un seguimiento completo de todo
aquello que accede al mismo. Precisamente por ello, se han establecido
mecanismos prácticos que facilitan a los terceros el conocimiento de los actos
y/o situaciones inscritos sin necesidad de proceder a una lectura y revisión
exhaustiva del BORME. Nos referimos a empresas prestadoras del servicio de
alertas y notificaciones de publicaciones en los distintos boletines oficiales, que
permiten a cualquier interesado en conocer los datos que afectan a una
determinada empresa, recibir un aviso cada vez que en el BORME se publica
algo relativo a la misma.